El Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, introduce en sus disposiciones adicionales cambios para moderar los perjuicios económicos que ocasione el coronavirus a las personas enfermas o en aislamiento y a las empresas. Entre estos cambios, se asimila la baja por coronavirus a accidente laboral, algo que supuestamente favorece al trabajador y a la empresa, según explica Redacción Médica en una entrevista con Ricardo De Lorenzo. El experto plantea que al asimilarse pero no declararse la infección como enfermedad profesional, se abrirá “un auténtico aluvión de expedientes administrativos y penales”. Asimismo, remarca la imposibilidad de demostrar que el contagio tuvo (o no tuvo) un origen laboral